Las actividades de azar y las apuestas físicas y electrónicas serán sometidos a una regulación fiscal, policial y turística mediante un proyecto de ley que está a punto de entrar al Congreso
y que desde ya cuenta con el respaldo de la mayoría de fracciones legislativas.

En materia tributaria el plan pretende gravar con un 2% los ingresos brutos de los casinos y de sportsbooks, definidos estos como los pagos a jugadores por apuestas en el país.
El plan pretende que los casinos y sportsbooks queden bajo la regulación de una superintendencia que integrarían funcionarios de los ministerios de Hacienda, Seguridad, Presidencia y Turismo y autoridades judiciales, su asignación sería combatir el lavado de dinero y reglamentar la actividad del juego, así como castigar e inhabilitar empresas que irrespeten las licencias de operación.

A pesar de que el plan todavía no ha sido puesto en conocimiento de los diputados, Liberación Nacional, Acción Ciudadana y la Unidad Social Cristiana se encuentran de acuerdo con darle respaldo.

Quienes hasta el momento no definen una posición son los libertarios, bancada que predica la oposición a impuestos. Carlos Gutiérrez, jefe de esta fracción, dijo que “analizarán la propuesta”.

Entre tanto en la Asociación de Casinos de Costa Rica desconocen el contenido de dicho
proyecto. Sin embargo, están a favor de la regulación de la actividad, pues aducen que
en los últimos meses se han visto afectados por la recesión económica internacional.

Actualmente operan 46 casinos, y 300 empresas en Costa Rica -incluidos call centers- forman parte del juego y las apuestas. Hasta el momento el país no percibe ningún beneficio económico
de esta industria.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) decidió ampliar a 100 días, es decir hasta fin de año, la concesión de la quiniela a la empresa Repsur.

No queremos dejar a 54.000 quinieleros fuera del trabajo", dijo la gobernadora de Canindeyú, Cristina Villalba y miembro de la Conajzar

Esta medida se toma ante el conflicto que surge entre dos empresas que compiten por la adjudicación del juego tras la licitación realizada el pasado 11 de septiembre.

La Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ) aprobó, por 40 votos a favor y 7 en contra, la propuesta que libera los juegos de bingo, videobingos y videojuegos en Brasil.

El texto aprobado es la sustitución realizada por el diputado Regis de Oliveira (PSC-SP) al Proyecto de Ley 2254/07, en favor de la regulación de la actividad de juegos en el país, siguiendo al ya aprobado por la Comisión de Finanzas y Tributos.

El redactor hizo pocas alteraciones y acató la sugestión de mantener la distancia mínima de 500 metros entre los establecimientos de juegos de azar y las escuelas, aunque anteriormente se había sugerido que la distancia fuera de 100  metros.

El texto también incluye el destino de parte de la recaudación de los juegos de azar a la Seguridad Pública. El texto anterior destinaba recursos solamente para Cultura, Deporte y Salud.

Ahora, la propuesta se llevará para su votación en plenario.